La Comunidad de Madrid es hoy en día escenario de protestas debido a las modificaciones a la Ley Trans que se llevaron a cabo en la misma. Los puntos que Isabel Díaz Ayuso ha marcado y que son vistos por Presidencia y por los sectores LGBTIQ+ como “recortes de derechos” se sostienen bajo una pretendida “claridad y seguridad jurídica” y en la idea de aportar “ciencia frente a ideología”. A continuación, hablaremos de algunas de las modificaciones más importantes.
3 Cambios en la Ley Tran en la Comunidad de Madrid
Charlas en centros educativos
Si bien las charlas y las campañas de sensibilización continúan, una de las cosas que se pretende es que los grupos de izquierda dejen de tener control sobre ellas. Así, lo que se impulsa, según argumentan los defensores de la reforma, es que estas charlas sean más profesionales y que quienes las impartan sean psicólogos y profesionales sanitarios, como así también miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.
Sostienen quienes impulsan estos cambios que lo que se busca es que no haya “contenido ideológico ni ingeniería social” en los espacios educativos. Se refuerza la libertad de cátedra de los profesores y maestros y se busca garantizar la libertad de expresión de los padres y las familias al elegir qué tipo de educación es la que quieren que sus hijos reciban. Esta idea fue compartida por el Ejecutivo de Madrid y por Vox.
Las terapias de conversión
Aunque posteriormente a las reformas se sigue prohibiendo la terapia de modificación de la orientación sexual a través de procedimientos pseudocientíficos, la reforma sí elimina esta prohibición en los casos de personas transexuales. Esto es similar a lo que sucede con la definición de identidad de género o sexual y el concepto de coeducación, provocando el fin del consejo LGTBI.
Respecto de esto, señalan los populares que el objetivo es brindar mayor seguridad jurídica y claridad. También explican que se está buscando eliminar algunos aspectos como la inversión de la carga de prueba, sin menoscabo de dar continuidad a la protección y garantía de los derechos de las personas trans.
La inversión de carga de prueba consiste en la posibilidad que una persona trans tiene de argumentar que se ha sentido discriminada sin aportar pruebas. De esa forma, el demandado es quien está obligado a probar que se ha cumplido la ley y que dicha discrminación no ha tenido lugar.
Recortes por el Ayuntamiento de Madrid
El objetivo planteado por los populares es el de recortar con esto una ley que el propio partido votó favorablemente en el año 2016, bajo el gobierno de Cristina Cifuentes. El PP fue proponente inicial de la ley que fue aprobada finalmente por unanimidad después de haber incorporado 138 enmiendas presentadas por la oposición.
Esto es distinto en el caso de una ley trans autonómica como es la Ley de Identidad y Expresión de Género e Igualdad Social y no Discriminación de la Comunidad de Madrid. En este caso también sería objeto de modificación según la proposición registrada por el gobierno de Ayuso. En ese caso el PP no fue proponente y se abstuvo en la votación de 2016.
Otras claves de este recorte en la Ley Trans de la Comunidad de Madrid se relacionan con la eliminación de los artículos que establecen qué tipo de discriminaciones representan o no una infracción, reemplazar los términos de “personas trans” o “identidad de género” por “transexuales” y “transexualidad”. También se incluye la supresión del Día Internacional contra la Homofobia, Lesbofobia, Bifobia y Transfobia. Y, junto con esto, la eliminación de la posibilidad de adecuar documentación autonómica antes de hacer modificación del DNI.
