Recientemente, el gobierno español aseguró el lanzamiento de un proyecto de Ley de Empleo que priorizará a los colectivos vulnerables, exigiendo datos a la legislación vigente y garantizando la confidencialidad de las personas que soliciten ser beneficiarias. En este sentido, las personas pertenecientes al colectivo LGTBIQ+ podrán tener acompañamiento del Estado para ingresar al sistema laboral, mejorando así su calidad de vida y sus oportunidades profesionales, de desarrollo y de sostén económico, en un contexto en que la propia discriminación reduce sus posibilidades actuales.
Nuevos programas para la comunidad LGTBIQ+ fomentados en el proyecto de Ley de Empleo
De acuerdo a lo que han informado desde el gobierno, las personas que sean parte del colectivo LGTBIQ+ deberán informar y acreditarse como tales ante el Ministerio de Trabajo. Ello, en caso de que deseen tener prioridad para ser beneficiarias en los programas de políticas activas de empleo que se puedan poner en marcha en el futuro cercano por parte de la Administración central y en coordinación con las administraciones autonómicas.
Los programas mencionados están dirigidos fundamentalmente a fomentar la inclusión de las personas en el acceso al trabajo, su mantenimiento o el desarrollo de la empleabilidad. Esto, especialmente para quienes presentan especiales dificultades para lograrlo. En este sentido, según se ha informado, una vez que se opte acogerse a dichos programas declarando ser de la comunidad LGTBIQ+, las administraciones pueden exigir que se acredite algo que garantice que el apoyo y los recursos han sido asignados de la forma correcta.
¿Cómo funcionará la aceptación en los programas?
La forma en que las personas LGTBIQ+ deberán acreditar que lo son es algo que todavía no ha sido desarrollado en el proyecto. Según sostuvieron desde el Ministerio de Trabajo, se seguirán pautas comunes en la Administración para otros tipos de trámites, como puede ser una declaración responsable o un certificado de unidad de convivencia. No obstante, se espera que en el futuro próximo se desarrolle también la parte relacionada a la acreditación.
Algo que sí señala el proyecto que ya ha sido presentado es que las personas dentro del colectivo LGTBIQ+ recibirán especial atención en lo que respecta a su empleabilidad, y en particular las personas trans. Esto se debe a que se considera que es el colectivo más discriminado y por lo tanto con menores accesos al sistema laboral. Además, el Ministerio considera que el hecho de que el texto haya sido aprobado por el Consejo de Ministros es lo que ofrece garantías de que no habrá dudas ni diferencias en el marco del gobierno debido a la seguridad jurídica o a la calidad técnica, como sí ha sucedido en el caso de la Ley Trans.
En este sentido, Yolanda Díaz, ha asegurado que ni el reconocimiento de la condición sexual ni la acreditación necesaria serán aspectos conocidos por las empresas que acaben contratando a las personas, por lo menos en lo que respecta a los servicios de Empleo. Sostuvieron desde Trabajo, entonces, que:
“La acreditación siempre respetará la legislación vigente (…) No habrá ninguna marca en el perfil, será confidencial y las empresas no conocerán la orientación sexual del empleado».
Atención prioritaria para los colectivos vulnerables
Siguiendo lo anterior, el proyecto que se ha presentado y que se encuentra actualmente en el Congreso considera como colectivos vulnerables de atención prioritaria a distintos perfiles con diversas casuísticas. Entre ellos, se encuentran los desempleados de larga duración, los jóvenes con baja cualificación, las personas con capacidad intelectual límite o con discapacidad, las personas migrantes, las personas mayores de 45 años, las mujeres con baja cualificación, las mujeres víctimas de violencia de género, las personas gitanas o pertenecientes a otros grupos étnicos y religiosos, las personas en situación de exclusión social, las personas afectadas por drogodependencia u otras adicciones, los descendientes en primer grado de las mujeres víctimas de violencia y las personas LGTBIQ+, entre otros.
Lo que hay que tener en cuenta es que el carácter prioritario no quiere decir que vayan a anteceder a otras personas que no cuentan con estos perfiles y que buscan empleo en los servicios a ello destinados. Por el contrario, lo que quiere decir es que se categorizan como demandantes de empleo que acreditan dificultad o para encontrarlo o para mantenerlo, por lo que la Administración busca su inclusión en el mercado laboral.
