A lo largo del mes de abril, se planean diferentes movilizaciones en función del tratamiento de la Ley trans en España. La iniciativa surge en el marco de la negociación por el texto de ley redactado en colaboración con las organizaciones LGTBI y el Ministerio de Igualdad. Desde el colectivo, denuncian que el principal socio del Gobierno, el PSOE, ha bloqueado la iniciativa, lo cual ha sido denunciado por el propio ministerio, para evitar que se trate y apruebe en el Consejo de Ministros.
En este sentido, referentes del movimiento LGBTI en España sostienen que desde el lado socialista se les propone legislar en positivo con seguridad jurídica dos aspectos que se encuentran presentes en los borradores redactados. En este sentido, se considera que la inclusión de la autodeterminación de género en la Ley trans es cuestión de voluntad política, puesto que ya existe en las normas de comunidades autónomas y también de otros países, como es el caso de Argentina, Portugal y Noruega.
La situación actual de la Ley trans
La Ley trans se encuentra actualmente estancada en España. Esto ha llevado a diferentes alternativas de manifestaciones, incluyendo huelgas de hambre. Gracias a muchas de estas iniciativas, se ha logrado que se desarrolle un borrador, que avanzará, entre otras cosas, en la autodeterminación de género a partir de los 18 años, sin necesidad de un informe previo.
Las organizaciones LGBTI han rechazado ciertas propuestas generadas desde el socialismo. Tal es el caso de alternativas a la autodeterminación, como es el caso de la presentación de documentos o de testigos que puedan acreditar la transexualidad de la persona que solicita el cambio registral de su identidad de género. Estas propuestas han sido rechazadas debido a que representa una forma de tutela, a la vez que pone a la personas trans en situación de presunción de fraude. Además, estas propuestas son rechazadas por organismos internacionales, como es el caso de la Comisión Europea. En España, una sentencia del Tribunal Constitucional ha sostenido que se tiene que reconocer la libre autodeterminación de género de la ciudadanía, sin poner al colectivo en presunción de fraude, puesto que esto representa una discriminación.
Los objetivos de una Ley trans en España
Lo que se busca es una ley estatal que pueda garantizar el principio de igualdad y de no discriminación por orientación sexual, identidad de género, expresión de género y características sexuales. En España, las personas LGBTI siguen siendo vulneradas diariamente en sus derechos, siendo víctimas de violencia y acoso por LGBTIfobia, a la vez que sufren discriminación en todos los ámbitos de su vida, tanto social como educativo, sanitario, cultural, deportivo, administrativo, entre otros.
Se debe tener en cuenta que, hoy, existen leyes autonómicas que reconocen y protegen los derechos del colectivo LGBTI. Pero estas no cubren la totalidad del territorio estatal, a la vez que, en muchos casos, no están implementadas o no cuentan con presupuesto. Por eso, las personas LGBTI en España tienen más o menos derechos de acuerdo a la Comunidad Autónoma en la que residan.
¿Qué garantiza una Ley trans?
Explica la FELGTB que una Ley trans en España implicaría:
“RECONOCIMIENTO Y DIGNIFICACIÓN DE LA DIVERSIDAD LGTBI
Que ninguna persona pueda ser presionada para ocultar, suprimir, negar, modificar o visibilizar forzosamente su orientación sexual, expresión y/o identidad de género, características sexuales o pertenencia a familia LGTBI.
La no discriminación por razón de orientación sexual, identidad y/o expresión de género o características sexuales en ningún ámbito.
Las despatologización de las personas trans e intersexuales y su derecho de autoderteminación. Aunque en 2018, la Organización Mundial de la Salud dejó de considerar la trasexualidad una enfermedad, en España a estas personas se les sigue exigiendo un diagnóstico médico para poder cambiar su nombre y su género en la documentación oficial.
PROTECCIÓN FRENTE A LAS VIOLENCIAS
La implementación de medidas de prevención necesarias para evitar conductas LGTBIfóbicas en todas sus formas. Se facilitarán los procesos de denuncia y se establecerán sanciones.
El derecho de las víctimas de delitos o infracciones por LGTBIfobia a recibir una reparación de los perjuicios que hayan sufrido, en los términos previstos en el ordenamiento jurídico.
La prohibición de los programas y terapias de aversión, conversión o contra condicionamiento destinadas a modificar la orientación sexual, la identidad de género o la expresión de género de las personas.
La atención especializada a las personas LGTBI víctimas de violencia en el ámbito familiar, sea intragénero o por LGTBIfobia.
El acceso de las mujeres trans víctimas de violencia de género a la misma protección legal que cualquier otra mujer.
La implicación de Administraciones Públicas para colaborar con los centros educativos en el fomento del respeto a la diversidad afectivo-sexual, de género y familiar y la inclusión de protocolos específicos para abordar el acoso escolar por LGTBIfobia.
El desarrollo de recursos para prevenir, sensibilizar y erradicar el ciberacoso por motivos de orientación sexual e identidad o expresión de género”.
Pero, además, representaría:
- Formación y sensibilización sobre las realidades del colectivo LGBTI
- Erradicación de las discriminaciones legislativas
- Atención a las realidades LGBTI para evitar discriminaciones en servicios y recursos de la administración pública
- Protección de la salud
- Prevención de las discriminaciones laborales
- Derecho a la práctica deportiva
Los derechos de las personas no binarias
Pese a las valoraciones positivas respecto de los borradores que se han presentado hasta el momento, desde la FELGTB consideran que estos se quedan cortos. En este sentido, explican que:
“(…) las entidades entienden que en algunos aspectos los borradores “se quedan cortos” y que ‘es importante seguir construyendo y buscar consensos entre los partidos y las entidades representantes del colectivo para aprovechar al máximo esta oportunidad histórica de hacer justicia con las personas trans y LGBI y no dejar a nadie atrás’.
Así, las organizaciones reivindican una tercera casilla en el DNI para las personas no binarias; una revisión y ampliación de las medidas dirigidas a fomentar la inserción laboral de las personas trans; la tipificación de las supuestas terapias restaurativas como delitos; que se concreten los detalles relativos a la formación y funcionamiento del Consejo de participación LGTBI y que se apueste por una ‘igualdad real y efectiva’”.
