La ministra de Igualdad de España, Irene Montero, ha anunciado a principios del mes de junio que llevará al Consejo de Ministros la ley LGBTI. Afirma querer equilibrar las diferencias entre las comunidades autónomas en lo que respecta a los derechos de las personas LGBTI.
Este anuncio llega en un contexto en que la Asamblea Política y Social tomó la determinación de expulsar al Partido Feminista de España con el 85% de los votos. La razón de esto fue su postura contraria a la posible ley integral trans.
Contexto de la Ley Trans
La proposición del año 2018 contempla el acceso a bloqueadores hormonales a partir de la pubertad. Además, el acceso a la reasignación de sexo a partir de los 16 años. En lo que respecta a la autodeterminación de género, se permite que los menores trans puedan tener la madurez suficiente para poder pedir por su cuenta el cambio de género en el registro civil de las personas.
Leyes anteriores, como la aprobada en el año 2014 en Andalucía, han logrado dar pasos en dirección a la autodeterminación de género de las personas trans. Ello, con el dato indispensable de no requerir de informes psiquiátricos. No obstante, son muchas las comunidades del territorio español que no cuentan con una legislación en este sentido.
Posición del PFE
Lidia Falcón, presidenta del PFE, ha considerado que la decisión de su expulsión es injusta. Ya el 4 de diciembre de 2019 había formado parte de la publicación de un texto en contra de las propuestas de ley trans y LGBT presentadas por UP en los años 2017 y 2018.
La posición de Falcón es explicada diciendo que estas proposiciones pretenden modificar el lenguaje de las leyes en su totalidad, para que ya no se hable ni de padre ni de madre. En lo que refiere a la proposición de ley trans, Falcón considera que “lo más grave” es que esta permitirá a niños menores de 4 o 5 años cambiar su género. En este sentido, añade que derivará en la administración de bloqueadores hormonales que impedirían el crecimiento de estos niños.
Adhesiones al proyecto
Uge Sangil, la presidenta de la FELGTB (Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans y Bisexuales), explicó que el proyecto:
“Se trata de un texto que nace del consenso del movimiento asociativo mayoritario, que representa y vela por los derechos de las personas Trans y LGTBI, por lo que recoge de primera mano sus necesidades y ofrece soluciones efectivas a las vulneraciones de derechos que cada día sufrimos”.
Uno de los puntos más importantes del proyecto y que lo atraviesa de manera transversal tiene que ver con el derecho a la autodeterminación de las personas trans. También lo rige su despatologización, teniendo como meta la máxima seguridad jurídica, entendiendo que los derechos trans son derechos humanos que han sido reconocidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS), por las Naciones Unidas y por el Parlamento Europeo. No obstante, estos no están contemplados en la legislación española a nivel estatal.
Algunos puntos clave del manifiesto de Derechos Humanos Trans reafirman lo siguiente:
“Que nos comprometemos plenamente con las personas trans, su dignidad y sus derechos. La sociedad solo será justa cuando lo sea para todas.
Que rechazamos profundamente cualquier forma, explícita o implícita, descarada o sutil, de transfobia, pues el odio no tiene cabida en una sociedad democrática, ni siquiera aunque se disfrace de debates.
Que las mujeres trans son mujeres, los hombres trans son hombres y las personas no binarias son personas no binarias, sin matices ni discusiones.
Que todas las personas nacemos con un cuerpo sexuado que determina el género que se nos asigna al nacer, pero que esa asignación no puede nunca suponer un destino inexorable en lo social y lo legal.
Que la identidad que una persona desarrolla no tiene por qué corresponder con la que se le asignó al nacer en función de sus genitales y que este hecho no implica la negación del sexotal y como defienden los argumentos torticeros y malintencionados.
Que lo más acorde a nuestro ordenamiento jurídico es reconocer la identidad de las personas libremente manifestada puesto que este recoge el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la dignidad humana y la prohibición de discriminación por cualquier circunstancia personal o social como principios básicos.”
Propuestas de legislación por los derechos de las personas trans
Desde hace tiempo se han ido desarrollando distintos proyectos de ley para garantizar derechos de las personas trans. A nivel nacional, la FELGTB redactó una proposición de ley contra la discriminación del colectivo LGTB en el año 2017. Un año después, en 2018, la Federación Plataforma Trans redactó otra propuesta. Esta segunda se centró especialmente en la protección jurídica de las personas trans y el derecho que tienen a la libre determinación de la identidad de género. Las dos fueron presentadas por UP en el Congreso.
La presidenta de la Federación Plataforma Trans, Mar Cambrollé, ha insistido en que la ley es necesaria para poder proteger a todo el colectivo en general de la discriminación. No obstante, ha considerado también que una ley integral específica para las personas trans es indispensable para poder garantizar el goce de los derechos con que vive el resto de la ciudadanía y que son conculcados a las personas trans.
Estas propuestas de ley buscan despatologizar la autodeterminación del género, fundamentalmente separándola del concepto de disforia de sexo. Se busca establecer un modelo de atención a la salud de las personas y las mujeres trans. Además, se apunta a prohibir la discriminación en el ámbito laboral y social a través de políticas públicas activas orientadas al empleo. La ley trans apunta a implantar medidas de prevención y de formación respecto al acoso en los centros educativos. A su vez, apunta a garantizar que las personas trans puedan practicar deporte en igualdad de condiciones con respecto a las personas cis.
Situación actual de las personas trans en España
En el año 2019, la FELGTB presentó un estudio respecto a la violencia ejercida hacia las personas trans. En este se mostraba que el 42% de estas personas en España han sufrido amenazas o maltrato simbólico y psicológico en el año 2018. Además, el informe indicaba que el 85% de las personas trans estaban en situación de desempleo en ese año, generando un número extremadamente alto.
Cambrollé ha añadido otras cifras a este informe. Añade que el 25% de las personas trans en España reconocen haber sufrido de abusos sexuales. El 80% de los adolescentes trans piensan en el suicidio y, en muchos casos, proceden a autolesiones físicas que ponen en peligro su vida.
Cambrollé indica que:
«Desde que se aprueba la democracia, lo único que teníamos es una ley de cambio registral de nombre. ¿De qué me sirve tener el DNI cambiado si el acceso al mercado laboral lo tengo cerrado? ¿De qué me sirve el DNI cambiado si para acceder al tratamiento hormonal me sigues tratando como a una enferma mental?».
La discriminación al colectivo LGBTI no ha cambiado del año 2017 al año 2020. Por eso, se considera que es tiempo ya de tener una ley integral para personas trans disponible, que pueda garantizar que las personas del colectivo gocen de los mismos derechos que el resto de la ciudadanía en la totalidad del territorio nacional. Se apunta a generar una vida digna, libre de violencias y de discriminación, con igual acceso a la salud, a la educación y al empleo.
